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Violencia de género en el Congreso Nacional: denuncias de diputadas hondureñas

Violencia política de género en Honduras

En Honduras, diversas legisladoras de varios partidos han hecho públicas varias acusaciones sobre abusos, agresiones verbales y violencia política de género en el Congreso Nacional. Estas acusaciones subrayan un entorno hostil donde las diputadas son intimidadas y menospreciadas por ser mujeres, sobre todo al expresar opiniones críticas o participar en discusiones legislativas. Estas circunstancias han provocado un debate sobre el respeto y la equidad en lugares de poder, revelando la continuidad de actitudes misóginas y comunicación agresiva en el parlamento.

Las acusaciones indican que estos comportamientos han aumentado durante debates controversiales, como los relacionados con la Ley de Equidad Fiscal y la reforma del Sistema Judicial. A pesar de la seriedad de estos eventos, las autoridades del Parlamento aparentemente no han impuesto sanciones disciplinarias a los implicados, lo cual contribuye a la normalización de la violencia política de género. Ante esta situación, las legisladoras han demandado acciones específicas para asegurar su seguridad y el respeto a su trabajo legislativo.

Acoso político por razones de género y clima institucional en el Parlamento Nacional

Las legisladoras han expresado que en el Congreso Nacional se replican comportamientos que van desde insultos verbales hasta intentos de agresión física, lo cual evidencia un patrón de violencia política de género. Esta situación impacta la participación total y activa de las mujeres en el proceso legislativo, creando un entorno de intimidación y exclusión.

La agresión política hacia las mujeres se presenta principalmente durante períodos de acalorado debate, cuando las legisladoras adoptan posturas críticas frente al partido en el poder. Esta realidad no solo infringe los derechos de las mujeres en el ámbito legislativo, sino que también compromete la calidad de la democracia, al restringir la variedad de perspectivas y opiniones en el proceso de toma de decisiones. La falta de medidas concretas para abordar estos casos en el Parlamento perpetúa esta situación.

Respaldo social e institucional y demandas de las diputadas

Varios sectores de la sociedad civil, junto con entidades internacionales como ONU Mujeres y la Red de Parlamentarias de América Latina, han mostrado su respaldo a las diputadas afectadas y han instado al Estado hondureño a asegurar condiciones de igualdad y seguridad para todas las legisladoras. Estas organizaciones han destacado la importancia de aplicar sanciones disciplinarias inmediatas contra quienes perpetren actos de violencia política, así como de establecer protocolos específicos para prevenir y atender estas situaciones en el contexto legislativo.

Las legisladoras han expresado que continuarán luchando por ser atendidas y respetadas, subrayando que su tarea es representar al pueblo y no ser objeto de hostigamiento o abuso. Entre sus exigencias está el establecimiento de medidas claras para proteger su seguridad, el respeto absoluto a su función legislativa y la eliminación de cualquier forma de violencia política de género en el Congreso Nacional. Consideran estas medidas esenciales para fortalecer la democracia y asegurar la participación igualitaria de las mujeres en la política de Honduras.