La Casa Blanca se apresura contra el tiempo para rescatar su plan comercial, gravemente afectado después de la decisión del miércoles que revocó la mayoría de los aranceles impuestos por Donald Trump. El Gobierno ha señalado que, si los tribunales inferiores no detienen la implementación del fallo, solicitará este mismo viernes al Tribunal Supremo que preserve las tarifas actuales sobre las importaciones, argumentando que su eliminación causaría «daños irreparables» para la economía y la seguridad nacional.
La sentencia constituye el más significativo revés jurídico para Trump desde el comienzo de su segundo mandato. Sus abogados han pedido acciones cautelares tanto al Tribunal de Comercio Internacional como a un tribunal federal de Apelaciones en Washington. En el documento de 124 páginas entregado este jueves, el Ejecutivo advierte que, si se lleva a cabo la sentencia, “los acuerdos exitosos alcanzados con varios países podrían colapsar inmediatamente”, a pesar de que, en realidad, Trump no ha concretado ningún acuerdo comercial vinculante durante su presidencia.
Argumentos repetidos, pero sin respaldo nuevo
El Ejecutivo sigue utilizando las mismas razones presentadas durante el juicio: que los jueces no tienen autoridad para desafiar la decisión del presidente de aplicar leyes de emergencia para establecer tarifas, y que hay antecedentes —como el de Richard Nixon— que respaldan ese tipo de acciones. No obstante, la resolución del tribunal examina justamente ese precedente y lo emplea para cuestionar la legalidad de lo actuado por Trump.
La solicitud al Supremo subraya que, sin una suspensión inmediata, “incluso si los aranceles se confirman más adelante, el daño causado ya no podrá revertirse”. El Gobierno advierte que podría perder ingresos fiscales, ver comprometidas negociaciones internacionales y quedar expuesto a represalias comerciales.
La sentencia: un golpe a la estrategia y la legalidad de Trump
El miércoles, el Tribunal Internacional de Comercio decidió por unanimidad que los aranceles extensivos impuestos por Trump son ilegales, al determinar que el presidente se extralimitó en sus poderes constitucionales y transgredió la legislación al utilizar incorrectamente una ley de emergencia.
La sentencia anula, entre otros, los aranceles del 25% a Canadá y México y del 20% a China, así como los polémicos “aranceles recíprocos” aplicados globalmente con la excusa de combatir el fentanilo y controlar la inmigración. Estas medidas, proclamadas en el llamado “Día de la Liberación”, fueron luego reducidas al 10% tras la presión de los mercados.
Conflicto político y legal
La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha censurado severamente la decisión, tildándola de «abuso judicial» y señalando a «magistrados no electos» por interferir en las decisiones del Ejecutivo. «Estados Unidos no puede operar si un presidente observa cómo sus acuerdos son obstaculizados por jueces activistas», afirmó.
Stephen Miller, subjefe de gabinete, fue más allá: “Vivimos bajo una tiranía judicial”, tuiteó el jueves por la noche.
Kevin Hassett, quien lidera el Consejo Económico Nacional, afirmó en Fox Business que cree en la posibilidad de que el fallo sea anulado en la apelación. Sin embargo, la Casa Blanca reconoce que está trabajando en un recurso sobre el tema central que aún no ha sido entregado.
Diferencias de pensamiento en el Supremo
El Tribunal Supremo, en el que Trump cuenta con tres de los seis jueces que integran la mayoría conservadora, podría desempeñar el papel de árbitro final. Pero, este balance ideológico no asegura un fallo positivo. La decisión revocada fue respaldada unánimemente por jueces nombrados por Trump, Reagan y Obama, lo que le confiere una importancia institucional que es complicado ignorar.
El gabinete sale en defensa de los aranceles
La gravedad de la situación llevó a cuatro miembros del Gabinete a presentar declaraciones formales ante el tribunal. El secretario de Comercio, Howard Lutnick, alertó de que la anulación de los aranceles “socavaría” acuerdos recientes. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, advirtió del riesgo de ruptura de negociaciones en curso. El representante comercial, Jamieson Greer, teme una distorsión de las condiciones de competencia. Y el secretario de Estado, Marco Rubio, considera que el fallo pone en peligro la política exterior y la seguridad nacional.