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La publicación reciente de un video relacionado con el narcotráfico en Honduras ha incrementado las inquietudes respecto al estado del sistema judicial hondureño. Según un reporte emitido por el centro de investigación InSight Crime, el incidente no solo revela conexiones entre individuos involucrados en el narcotráfico y personas cercanas a las esferas de poder, sino que también evidencia una tendencia alarmante: el uso de la justicia con fines políticos.
Modelos de inmunidad y acoso puntual
InSight Crime señala un escenario donde la legislación se implementa de manera desigual. Mientras algunos acusados son exhibidos públicamente y enfrentan juicios expeditos, otros, presuntamente conectados con el gobierno vigente, se mantienen fuera del brazo de la justicia o inclusive obtienen respaldo institucional. Este comportamiento, alerta el reporte, no es novedoso en la zona, pero en el caso de Honduras ha llegado a niveles especialmente alarmantes recientemente.
El reporte también señala similitudes con situaciones autoritarias vistas en naciones como Venezuela y Nicaragua, donde el sistema judicial ha sido captado por intereses políticos para garantizar impunidad a los aliados y penalizar a los opositores. La situación en Honduras, según el centro de estudios, avanza en esa dirección, lo cual pone en riesgo directamente el Estado de derecho.
Críticas recibidas y solicitud de supervisión internacional
Las respuestas al informe se manifestaron de inmediato. Líderes políticos opositores, abogados y activistas de derechos humanos han coincidido en afirmar que la manipulación del sistema judicial amenaza con comprometer la validez del sistema democrático. La inquietud es compartida por actores internacionales, que han sido abordados para supervisar el deterioro institucional del país.
Una fuente diplomática mencionada por InSight Crime señaló que Honduras podría dirigirse hacia una seria crisis en la gestión del gobierno si no se restauran las garantías básicas de independencia judicial. La creciente falta de confianza del público, alimentada por la falta de transparencia y la impunidad, ha disminuido aún más la credibilidad de las instituciones.
En este escenario, varios sectores han solicitado de manera urgente que entidades multilaterales como la OEA y la ONU continúen vigilando el país. Reclaman medidas que aseguren un sistema judicial justo e independiente, libre de influencias políticas o intereses delictivos.
El escándalo del narcovideo no solo expone un episodio puntual de corrupción, sino que se ha convertido en un símbolo de una justicia que, lejos de ser ciega, parece mirar con conveniencia política.