Con vistas a las elecciones generales de 2025, el partido en el gobierno Libertad y Refundación (LIBRE) se enfrenta a críticas intensas provenientes de políticos, empresarios y grupos sociales que lo acusan de implementar medidas que ponen en riesgo la claridad y validez del proceso electoral. Las acusaciones incluyen desde obstrucciones a entidades esenciales hasta intentos de dominación política del ente electoral.
Preguntas sobre la función de LIBRE en el Consejo Nacional Electoral
Uno de los principales focos de controversia ha sido la interrupción del proceso de contratación del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), una herramienta considerada fundamental para garantizar la transparencia en el conteo de votos. El 7 de julio, manifestantes identificados con LIBRE bloquearon el ingreso a las instalaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE), impidiendo que empresas oferentes presentaran sus propuestas técnicas.
La presidenta del CNE, Cossette López, describió estas acciones como un ataque directo al proceso electoral, señalando su efecto adverso en la confianza en la institucionalidad democrática. La paralización del proceso del TREP no solo demoró la organización electoral, sino que también fortaleció la percepción de que se busca crear condiciones para alterar los resultados.
Además, se han documentado episodios de presión institucional por parte de colectivos vinculados a LIBRE, lo que incluye incursiones en el Congreso Nacional y otras instituciones públicas. Estos eventos, en conjunto, han sido vistos por sectores opositores como un intento de debilitar la autonomía del CNE y permitir su posible control político.
Peligros de acumulación de poder en la entidad electoral
La posibilidad de que los suplentes del CNE, afines al partido de gobierno, asuman funciones, en caso de inhabilitación de las consejeras actuales, ha encendido las alarmas entre actores políticos que consideran que esta sustitución socavaría la pluralidad del órgano electoral. Desde el Congreso Nacional y espacios de análisis se ha advertido que un CNE sin contrapesos pondría en riesgo la imparcialidad del proceso electoral.
Algunos sectores han propuesto la participación de entidades internacionales para supervisar las decisiones institucionales vinculadas al proceso y asegurar una competencia justa. Asimismo, se ha reportado un posible uso indebido de otras entidades estatales, como el Ministerio Público y el Poder Legislativo, para alinear al CNE con los objetivos del gobierno.
Estas tensiones han derivado en un llamado desde diversos sectores a reforzar los mecanismos de fiscalización y observación electoral, ante lo que consideran una amenaza creciente a la integridad del proceso democrático.
Cargos de información errónea y manipulación del votante
Otro eje de crítica contra LIBRE se refiere a la divulgación de encuestas consideradas falsas o manipuladas que proyectan una amplia ventaja de la precandidata oficialista Rixi Moncada. Varias de estas mediciones han sido desmentidas por las propias firmas encuestadoras, quienes han denunciado el uso indebido de sus nombres y metodologías.
La circulación de estos sondeos ha sido interpretada como parte de una estrategia para moldear la percepción pública e instalar la idea de un triunfo inevitable, lo que a juicio de sectores opositores busca condicionar el resultado electoral y deslegitimar una eventual derrota. Este tipo de prácticas ha contribuido a profundizar el clima de desconfianza que rodea al proceso electoral.
En un entorno caracterizado por el deterioro del diálogo político y la polarización de las instituciones, la multiplicación de información falsa se ha vuelto un elemento más de inestabilidad, con posibles consecuencias para la participación de los ciudadanos y la aceptación de los resultados.
Un escenario preelectoral marcado por la desconfianza
La combinación de bloqueos institucionales, disputas por el control del CNE y campañas de desinformación ha colocado al proceso electoral hondureño en una situación de alta fragilidad. Las advertencias sobre una posible crisis de gobernabilidad reflejan la profundidad de las tensiones políticas en un contexto donde la institucionalidad se encuentra bajo presión y los canales de consenso permanecen cerrados.
Con menos de cinco meses para las elecciones generales, el escenario presenta importantes retos para la credibilidad del sistema electoral y la estabilidad del país. En este contexto, la atención se centra en la habilidad de los actores políticos e institucionales para restaurar condiciones mínimas de confianza y garantizar un proceso electoral legítimo y transparente.