Ley penal en Honduras despierta inquietudes sobre represión en contexto electoral

La reciente validación de cambios al Código Penal en Honduras ha provocado preocupación en diversos ámbitos sociales y políticos del país. Estas alteraciones han sido vistas como un ajuste significativo dentro del marco legal que gobierna la protesta social, especialmente en un contexto donde se acercan las elecciones generales fijadas para el 30 de noviembre de 2025. El debate se ha intensificado debido a la percepción de que estas modificaciones podrían emplearse para restringir el derecho a la manifestación y la libertad de expresión, derechos esenciales en cualquier democracia.

El Parlamento Nacional implementó modificaciones que incrementan las sanciones para crímenes relacionados con la protesta social, resaltando la incorporación del artículo 378-A. Esta norma estipula que cualquier acto de protesta realizado por dos o más individuos puede resultar en un aumento de la condena de cárcel, que será de seis a diez años, además de la inhabilitación total. Asociaciones de derechos humanos y representantes de la comunidad civil han mostrado su inquietud por el potencial uso de estas reformas para penalizar manifestaciones pacíficas y limitar las libertades de reunión y expresión.

Cambios en la legislación penal y su efecto en las manifestaciones sociales

Los cambios al Código Penal han recibido censura de entidades tanto nacionales como internacionales. El aumento en la severidad de las penas para aquellos que formen parte de manifestaciones colectivas ha sido visto como una posible estrategia para desincentivar la movilización de la población. Entidades defensoras de los derechos humanos argumentan que estas acciones podrían utilizarse para restringir la participación social y el ejercicio de derechos esenciales. La inquietud crece ante la eventualidad de que estas normas se pongan en práctica en situaciones de tensión política o electoral, donde las manifestaciones suelen aumentar.

Los sucesos de las elecciones de 2017, durante las cuales se informaron arrestos arbitrarios y represión de personas que protestaban, aumentan el miedo de que eventos parecidos puedan ocurrir nuevamente con el nuevo marco legal. En este entorno, tanto la sociedad civil como los actores políticos han señalado el peligro de que la criminalización de las protestas se vuelva una táctica para controlar la disidencia y limitar la participación ciudadana en procesos políticos importantes.

Respuestas globales y solicitudes de reconsideración

La preocupación por el impacto de estas reformas ha traspasado las fronteras nacionales. Organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) han expresado inquietud por las nuevas disposiciones del Código Penal hondureño. Ambas entidades han instado al Estado a revisar las reformas para asegurar que no se vulneren los derechos fundamentales de la población.

En esta situación, sobresale la relevancia de asegurar el respeto hacia los derechos humanos y prevenir que la normativa penal se use como herramienta para suprimir la disidencia y las protestas pacíficas. El diálogo en torno al alcance y la implementación de estas reformas sigue activo, mientras varios sectores recalcan la necesidad de revisar el marco legal para garantizar la protección efectiva de las libertades fundamentales en Honduras.