Una investigación periodística ha puesto en una situación complicada a la presidenta de Honduras, Xiomara Castro. El portal InSight Crime divulgó este martes que Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta, se reunió en 2013 con un grupo de influyentes narcotraficantes que ofrecieron una significativa cantidad de dinero para facilitar que la actual mandataria, en su primera campaña por el Partido Libre en ese entonces, alcanzara el poder en la nación centroamericana. Castro no consiguió el triunfo en ese momento, pero finalmente logró asumir la presidencia hondureña en 2022 y prometió combatir el narcotráfico y la corrupción, además de restaurar un país que describió como una “tragedia nacional”. La mandataria reaccionó la noche del martes a esta divulgación a través de un canal de televisión, condenando “cualquier tipo de acuerdo entre narcotraficantes y políticos”. Asimismo, denunció un supuesto intento de “orquestar un golpe de Estado” contra su Gobierno.
Carlos Zelaya es hermano de Manuel Zelaya, exmandatario de Honduras que fue destituido mediante un golpe de Estado, arrestado por las fuerzas armadas y enviado a Costa Rica en 2009. Según el informe de InSight Crime, Carlos Zelaya sostuvo encuentros con «algunos de los narcotraficantes más importantes de Honduras». El reportaje detalla que un video de 34 minutos, capturado por una cámara oculta en el reloj de uno de los narcotraficantes, muestra «imágenes y audio suficientemente claros» donde los traficantes recuerdan aportaciones anteriores, supuestamente hechas al exmandatario Mel Zelaya, esposo de Castro, hermano de Carlos, y fundador del Partido Libre. Según la investigación, los narcotraficantes «determinan cuánto van a contribuir colectivamente a Mel, un monto que confirman con Zelaya al llegar, antes de decidir cómo y cuándo entregar el dinero. Carlos también está involucrado en negociar el alquiler de hasta 10 vehículos para que el partido pudiera utilizarlos durante la campaña».
El cuñado de la presidenta reconoció que se trasladó a San Pedro Sula, una ciudad industrial situada al norte del país, a invitación de un «grupo de empresarios» y se reunió con los narcotraficantes, de acuerdo con InSight Crime. «No se sabe con certeza qué motivó la confesión de Zelaya; sin embargo, esta sorprendente admisión se produjo poco después de que InSight Crime conversara con alguien presente en la reunión. A pesar de esto, Zelaya, quien también anunció su dimisión del Congreso, afirmó que solo conocía a una de las personas presentes en el encuentro. Además, negó haber recibido dinero de los narcotraficantes», reporta el medio en su artículo.
El cuñado de la presidenta admitió que viajó hasta San Pedro Sula, ciudad industrial localizada al norte del país, invitado por un “grupo de empresarios” y habló con los traficantes, según InSight Crime. “No es claro qué fue lo que llevó a la confesión de Zelaya, pero la sorprendente admisión llegó poco después de que InSight Crime hablara con una persona que estuvo en la reunión. Aun así, Zelaya, que también anunció su renuncia al Congreso, afirmó que solo conocía a una de las personas en la reunión. Además, negó haber recibido dinero de los narcotraficantes”, informa el medio en su reportaje.
Castro ha heredado un país sumido en la violencia de temidas pandillas que ejercen control sobre amplias áreas y colaboran estrechamente con organizaciones narcotraficantes. La presidenta prometió implementar «acciones drásticas» para afrontar la violencia que desgarra a su nación y el pasado verano anunció una ofensiva de seguridad con policías y militares contra estas pandillas, similar a las estrictas acciones del presidente salvadoreño Nayib Bukele en su lucha contra dichas organizaciones criminales, las cuales han sido fuertemente criticadas por grupos defensores de derechos humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió al gobierno en mayo sobre el estado de excepción, señalando: «La seguridad no puede depender del Ejército».
La respuesta de la presidenta ocurre en un contexto de relaciones tensas con Estados Unidos, después de una serie de declaraciones de la embajadora estadounidense en Tegucigalpa, Laura Dogu, quien calificó de «narcotraficantes» al jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, y al exministro de Defensa José Manuel Zelaya, hijo de Carlos Zelaya y sobrino de la presidenta, quien renunció la semana pasada debido a los supuestos vínculos de su padre con narcotraficantes. La presidenta Castro ha intensificado las tensiones con Washington al decidir cancelar el miércoles pasado el tratado de extradición bilateral que existía con EE. UU.
La reacción de la presidenta se da en medio de relaciones tensas con Estados Unidos, tras una serie de comentarios de la embajadora de ese país en Tegucigalpa, Laura Dogu, quien acusó de “narcotraficantes” al jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, y al exministro de Defensa José Manuel Zelaya, hijo de Carlos Zelaya y sobrino de la presidenta, quien dimitió la semana pasada por los supuestos lazos de su padre con narcotraficantes. La presidenta Castro ha tensado más la cuerda con Washington tras decidir terminar el pasado miércoles con el tratado de extradición bilateral que mantenía con EE UU.
El video, según relatan los periodistas en el reportaje, inicia con varios individuos dialogando en la sala de una opulenta mansión. «Fue grabado en noviembre de 2013. En ese periodo, Devis y Javier Rivera eran los líderes de Los Cachiros, el grupo de narcotraficantes más famoso del país, pero lidiaban con una ofensiva sin precedentes de las fuerzas de seguridad, tanto a nivel nacional como internacional. Recientemente, Honduras había aprobado una reforma constitucional que permitió la extradición de sus ciudadanos por cargos relacionados con el narcotráfico».
El video, cuentan los periodistas en el reportaje, comienza con varios hombres conversando en la sala de una lujosa mansión. “Fue grabado en noviembre de 2013. En ese momento, Devis y Javier Rivera lideraban Los Cachiros, el más infame grupo de narcotraficantes del país, pero enfrentaban una ofensiva sin precedente de las fuerzas de seguridad en casa y en el extranjero. Hacía poco que Honduras había aprobado una reforma constitucional que allanó el camino para que sus ciudadanos fueran extraditados por acusaciones de narcotráfico”.
Un reportaje de un medio ha puesto a la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, en una posición complicada. El martes, InSight Crime reveló que en 2013, Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta, se reunió con narcotraficantes influyentes que ofrecieron grandes cantidades de dinero para respaldar la candidatura de Castro, quien en ese entonces postulaba por el Partido Libre, para llegar al poder en el país centroamericano. Aunque en esa ocasión Castro no consiguió la victoria, finalmente ganó las elecciones y asumió la presidencia de Honduras en 2022. Al asumir el cargo, prometió enfrentar el narcotráfico y la corrupción, buscando reconstruir lo que calificó como una “tragedia nacional”. La presidenta respondió a la revelación este martes por la noche, a través de la televisión, condenando “cualquier tipo de negociación entre narcotraficantes y políticos” y denunciando un posible plan para “derrocar su Gobierno”.
Carlos Zelaya es el hermano de Manuel Zelaya, quien fue presidente de Honduras y fue depuesto mediante un golpe de Estado, detenido por las fuerzas armadas y enviado a Costa Rica en 2009. De acuerdo con el informe de InSight Crime, Carlos Zelaya se reunió con «algunos de los más destacados narcotraficantes de Honduras». El reportaje describe que un video de 34 minutos, filmado con una cámara oculta en el reloj de uno de los narcotraficantes, presenta «imágenes y audio lo suficientemente claros» donde los narcotraficantes mencionan contribuciones previas, supuestamente destinadas al exmandatario Mel Zelaya, esposo de Castro, hermano de Carlos y fundador del Partido Libre. Según el informe, los narcotraficantes «deciden cuánto aportarán colectivamente a Mel, un monto que confirman con Zelaya al llegar, antes de determinar cómo y cuándo entregar el dinero. Carlos también está implicado en acordar el alquiler de hasta 10 vehículos para que el partido los utilizara durante la campaña».
El cuñado de la presidenta admitió haber viajado a San Pedro Sula, una ciudad industrial en el norte de Honduras, invitado por un «grupo de empresarios» y haber conversado con narcotraficantes, según reportó InSight Crime. «No se sabe con certeza qué llevó a Zelaya a confesar, pero esta inesperada admisión ocurrió poco después de que InSight Crime hablase con una persona que estuvo presente en la reunión. No obstante, Zelaya, quien también anunció su renuncia al Congreso, aseguró que solo conocía a una de las personas que asistieron al encuentro. Asimismo, negó haber recibido dinero de los narcotraficantes», indica el informe del medio.
La presidenta Castro se dirigió al país el martes por la noche a través de una cadena nacional de radio y televisión para abordar la investigación periodística, denunciando un supuesto plan para dañar su reputación y socavar su gobierno. “El intento de desestabilizar mi administración socialista y democrática, así como el próximo proceso electoral, está en marcha. Las mismas fuerzas oscuras, tanto internas como externas, de 2009, con la cooperación de los medios corporativos, tanto nacionales como internacionales, se están reorganizando en nuestro país para intentar ejecutar un nuevo golpe de Estado, el cual debe ser rechazado por el pueblo”, afirmó la presidenta.
Castro asumió el control de un país sumergido en la violencia, donde peligrosas pandillas gobiernan vastas áreas y trabajan estrechamente con organizaciones narcotraficantes. La presidenta se comprometió a adoptar «medidas drásticas» para combatir la violencia que aflige a su nación y el verano pasado anunció una ofensiva conjunta de la policía y el ejército contra las pandillas, en un enfoque similar al adoptado por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en su lucha contra estas organizaciones criminales, medidas que han sido objeto de fuertes críticas por parte de organizaciones de derechos humanos. En mayo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió al Gobierno sobre el estado de excepción, señalando que “la seguridad no puede estar en manos del Ejército”.
La reacción de la presidenta se produce en medio de relaciones tensas con Estados Unidos, luego de una serie de comentarios de la embajadora estadounidense en Tegucigalpa, Laura Dogu, quien llamó «narcotraficantes» al jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, y al exministro de Defensa José Manuel Zelaya, hijo de Carlos Zelaya y sobrino de la presidenta, quien dimitió la semana pasada debido a los supuestos lazos de su padre con el narcotráfico. La presidenta Castro ha aumentado las tensiones con Washington al decidir cancelar el miércoles pasado el tratado de extradición bilateral que estaba en vigor con EE.UU.
La divulgación de InSight Crime plantea muchas preguntas sobre la influencia de los narcotraficantes en el gobierno de Castro, quien llegó al liderazgo del país tras el controvertido mandato del exmandatario Juan Orlando Hernández, sentenciado a 45 años de prisión por un tribunal de Nueva York por delitos relacionados con el narcotráfico. «El video es una prueba asombrosa del grado de infiltración de los narcotraficantes en la élite política de Honduras. Reafirma las sospechas de que el partido actualmente en el poder, al igual que figuras como Hernández, no estuvo libre de la influencia del dinero del narcotráfico, justo cuando se intensifican las campañas para las elecciones de 2025», analiza el informe de InSight Crime, realizado por los periodistas Jeff Ernst y David C. Adams.
De acuerdo con los periodistas en el reportaje, el video comienza mostrando a varios individuos conversando en la sala de una lujosa mansión. «Fue captado en noviembre de 2013. Durante ese tiempo, Devis y Javier Rivera lideraban Los Cachiros, el grupo de narcotraficantes más conocido del país, aunque enfrentaban una ofensiva sin precedentes por parte de las fuerzas de seguridad, tanto en el ámbito nacional como internacional. Recientemente, Honduras había implementado una reforma constitucional que permitía la extradición de sus ciudadanos por acusaciones de narcotráfico».
Una investigación periodística ha complicado la situación de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro. Este martes, el portal InSight Crime reveló que en 2013, Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta, mantuvo un encuentro con un grupo de poderosos narcotraficantes que ofrecieron una considerable suma de dinero para ayudar a que la actual presidenta, entonces en su primera campaña por el Partido Libre, alcanzara el poder en el país centroamericano. Aunque Castro no tuvo éxito en ese momento, finalmente asumió la presidencia hondureña en 2022, comprometiéndose a luchar contra el narcotráfico y la corrupción, además de reparar lo que describió como una “tragedia nacional”. La presidenta reaccionó la noche del martes a esta revelación mediante un canal de televisión, condenando “cualquier tipo de negociación entre narcotraficantes y políticos”. Además, denunció un supuesto intento de “organizar un golpe de Estado” contra su Gobierno.
Carlos Zelaya es hermano del exmandatario hondureño Manuel Zelaya, quien fue derrocado por un golpe de Estado, arrestado por el Ejército y posteriormente exiliado a Costa Rica en 2009. El informe de InSight Crime detalla que Carlos Zelaya se reunió con «algunos de los más prominentes narcotraficantes de Honduras». Según el artículo, existe un video de 34 minutos grabado con una cámara espía escondida en el reloj de uno de los narcotraficantes, que muestra «imágenes y audio lo suficientemente claros» donde los traficantes recuerdan contribuciones pasadas, supuestamente dirigidas al exmandatario Mel Zelaya, esposo de Castro, hermano de Carlos y fundador del Partido Libre. Según continúa el informe, «deciden cuánto van a aportar colectivamente a Mel, un monto verificado con Zelaya al llegar, antes de determinar la forma y el momento de la entrega del dinero. Carlos también acuerda con los narcotraficantes el alquiler de hasta 10 vehículos para que el partido los utilizara durante la campaña».
El cuñado de la presidenta admitió haber viajado a San Pedro Sula, una ciudad industrial ubicada al norte del país, respondiendo a la invitación de un «grupo de empresarios» y sostuvo conversaciones con los narcotraficantes, según reporta InSight Crime. «No está claro qué llevó a Zelaya a confesar, pero esta inesperada admisión ocurrió poco después de que InSight Crime hablara con alguien presente en la reunión. Aun así, Zelaya, quien también anunció su dimisión del Congreso, afirmó que solo conocía a una de las personas presentes en el encuentro. Además, negó haber recibido dinero de los narcotraficantes», indica el medio en su informe.
La presidenta Castro se dirigió al país el martes por la noche a través de una cadena nacional de radio y televisión para responder a la investigación periodística, denunciando un supuesto complot para perjudicar su imagen y atacar al gobierno que encabeza. “El plan para desestabilizar mi gobierno socialista y democrático, así como el próximo proceso electoral, está en marcha. Las mismas fuerzas oscuras internas y externas de 2009, con la cooperación de los medios corporativos tanto nacionales como internacionales, se están reorganizando en nuestro país para llevar a cabo un nuevo golpe de Estado, que el pueblo debe resistir”, declaró la presidenta.
Castro ha asumido la dirección de un país atrapado en la violencia provocada por despiadadas pandillas que controlan extensas áreas y colaboran estrechamente con redes de narcotráfico. La presidenta prometió tomar «acciones drásticas» para enfrentar la violencia que consume a su nación y anunció el pasado verano una operación conjunta de policía y ejército contra las pandillas, similar a las estrictas medidas implementadas por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en su batalla contra estas organizaciones delictivas. Dichas acciones han generado críticas significativas por parte de grupos de derechos humanos. En mayo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertó al Gobierno sobre el estado de excepción, enfatizando: “La seguridad no puede estar en manos del Ejército”.
La respuesta de la presidenta se desarrolla en un contexto de relaciones tensas con Estados Unidos, tras varios comentarios de la embajadora estadounidense en Tegucigalpa, Laura Dogu, quien calificó de «narcotraficantes» al jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, y al exministro de Defensa José Manuel Zelaya, hijo de Carlos Zelaya y sobrino de la presidenta, quien renunció la semana anterior debido a los presuntos vínculos de su padre con el narcotráfico. La presidenta Castro ha intensificado la tensión con Washington al decidir, el pasado miércoles, poner fin al tratado bilateral de extradición que tenía con EE. UU.
La divulgación de InSight Crime plantea numerosos interrogantes sobre la influencia de los narcotraficantes en el gobierno de Castro, quien asumió el liderazgo del país tras el controvertido mandato del expresidente Juan Orlando Hernández, condenado por un tribunal de Nueva York a 45 años de prisión por delitos de narcotráfico. «El video es una sorprendente prueba de la magnitud de la infiltración de los narcotraficantes en la clase política de Honduras. Confirma las antiguas sospechas de que el partido actualmente en el poder de Honduras, al igual que figuras políticas como Hernández, no estuvo libre de la influencia del dinero del narcotráfico, justo cuando se intensifican las campañas para las elecciones de 2025», analiza el informe de InSight Crime, elaborado por los periodistas Jeff Ernst y David C. Adams.
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