Honduras y la incertidumbre económica tras reforma tributaria

La Propuesta de Ley de Equidad Fiscal en Honduras ha suscitado un extenso debate en el territorio, debido a las potenciales consecuencias que podría acarrear sobre la economía y el sector productivo del país. Esta propuesta, promovida por el gobierno del Partido LIBRE, se describe como un mecanismo para enfrentar la evasión de impuestos y robustecer la captación de ingresos del Estado. No obstante, su contenido y alcance han sido percibidos de manera variada por los diferentes actores económicos y sociales.

El plan incluye la supresión de esquemas de exención fiscal, el incremento de los impuestos y la otorgación de más discrecionalidad al gobierno en la gestión de incentivos económicos. Estas acciones han sido percibidas por el sector empresarial como un indicio negativo para la inversión y la producción, lo cual ha provocado incertidumbre y preocupación en el ámbito económico de Honduras.

Impacto sobre la inversión privada y el empleo

Varias asociaciones empresariales, cámaras de comercio e inversionistas tanto locales como internacionales han expresado que la propuesta legislativa podría tener consecuencias negativas en la inversión privada en Honduras. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) señala que si la ley se aprueba tal como está, se podría ver una disminución importante en la inversión extranjera directa. Además, compañías de zonas francas y del sector agroindustrial estarían considerando la opción de abandonar el país o reducir sus actividades, lo que afectaría directamente al empleo formal y a la economía del país.

Desde que se presentó el borrador de la legislación, ya se han observado cierres de negocios de pequeña y mediana escala, especialmente en los sectores de confección, logística y exportación, que operaban con beneficios fiscales. En áreas como Choloma, Villanueva y San Pedro Sula, las fábricas han comenzado a reducir su personal, mencionando la incertidumbre fiscal como una de las razones principales. Esta coyuntura pone en peligro miles de trabajos y podría empeorar si el proyecto no es revisado o detenido. El COHEP también indica que el avance económico podría enfrentar una desaceleración severa en el año posterior a la implementación de la ley, y que el incremento del desempleo y la informalidad serían resultados inevitables de su aplicación.

Entorno regional, político y discusión acerca de la justicia fiscal

El intercambio de opiniones sobre la Ley de Justicia Tributaria ocurre en un marco político y regional específico. La supresión de beneficios fiscales podría distanciar a Honduras de las estrategias que han permitido a naciones como Costa Rica, El Salvador y República Dominicana mantener atractivos sistemas de inversión y estabilidad fiscal, considerados elementos vitales para su competitividad. Esta condición podría impactar la posición de Honduras en Centroamérica y el Caribe, desalentando tanto a inversionistas nuevos como a los ya existentes, quienes podrían decidir trasladar su capital a países que ofrezcan mejores condiciones para el crecimiento empresarial.

El entorno político e ideológico ha afectado la imagen del proyecto, dado que ciertos sectores corporativos ven el mensaje gubernamental como opuesto a los intereses empresariales y en sintonía con sistemas económicos que han generado cambios estructurales en otras naciones de la región. Esto aumenta el miedo a una posible transformación del modelo económico local sin un plan estratégico o una perspectiva clara de sostenibilidad.

Por otro lado, los defensores de la Ley de Justicia Tributaria argumentan que las exoneraciones fiscales han contribuido a la concentración de riqueza y a la reducción de la capacidad estatal para financiar políticas públicas orientadas a la inclusión social y la lucha contra la pobreza. Según datos oficiales, el 92 % de las exoneraciones se concentra en el 10 % de las empresas más ricas, mientras que el 90 % restante de las empresas solo accede al 8 % de estos beneficios. Entre junio de 2009 y diciembre de 2022, el Estado dejó de recaudar 455 mil millones de lempiras debido a estos regímenes.

El proyecto no establece nuevos gravámenes ni aumenta las tarifas actuales, sino que busca eliminar vacíos legales y mejorar la recaudación de impuestos directos de grandes corporaciones y riquezas, con el fin de disminuir la desigualdad en la recaudación fiscal. No obstante, la eliminación de sistemas fiscales tradicionales, como el Régimen de Importación Temporal (RIT), que ha estado en vigor por 40 años, podría forzar el cierre de muchas empresas que funcionan bajo este marco. El COHEP ha indicado que la propuesta de asegurar la convertibilidad inmediata al RIT podría ser percibida como una acción que impacta la liquidez y viabilidad de las empresas.

Honduras se enfrenta a un importante reto financiero

La discusión sobre la Ley de Justicia Tributaria permanece abierta y polarizada. Mientras algunos consideran que puede sentar las bases para un sistema fiscal más justo y equitativo, otros advierten que su aprobación podría agravar la crisis económica, aumentar el desempleo y provocar la salida de capitales. La decisión final en el Congreso Nacional será determinante para el rumbo económico de Honduras en los próximos años.