A medida que se aproximan las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025 en Honduras, el Partido Libertad y Refundación (LIBRE) enfrenta denuncias de parte de la oposición acerca de la posible organización de un fraude electoral para conservar el poder. Los grupos opositores, tales como el Partido Nacional, Partido Liberal y el Partido Salvador de Honduras, han manifestado su inquietud respecto a la transparencia del proceso electoral.
Los líderes de estos espacios señalan un creciente rechazo ciudadano hacia LIBRE, el desgaste de su imagen pública y la impopularidad de su candidata, Rixi Moncada. Además, han denunciado maniobras que sugieren un posible fraude, como el control parcial del Consejo Nacional Electoral (CNE), el inflado de votos en las elecciones primarias de marzo, la depuración selectiva de las Fuerzas Armadas y las amenazas a medios críticos. También se menciona el uso de campañas masivas de propaganda estatal y el uso de subsidios y recursos públicos para cooptar votantes en zonas vulnerables.
Denuncias de estafa y preocupaciones del bando opositor
Las denuncias de la oposición incluyen acusaciones de manipulación de resultados electorales, judicialización o intimidación contra candidatos rivales y magistrados del CNE, militarización del proceso electoral y restricción a la libertad de prensa y censura digital masiva previo al día de las votaciones. También se teme la declaración anticipada de un estado de excepción ante posibles protestas ciudadanas, así como la posibilidad de que el gobierno intente desconocer los resultados electorales, anular mesas estratégicas o suspender el proceso electoral con justificaciones de orden público o seguridad nacional.
Reclamaciones sobre garantías y supervisión internacional
Frente a esta situación, los grupos opositores han demandado la intervención temprana y efectiva de observadores de la OEA, la UE y otras entidades internacionales, una revisión externa del sistema de votación electrónico y compromisos claros del CNE para asegurar claridad, justicia y responsabilidad. Igualmente, han instado a la población a movilizarse pacíficamente para proteger el sufragio y supervisar el proceso desde el nivel base.
La acusación de un potencial engaño ha incrementado la tensión política y ha puesto en peligro la estabilidad democrática de la nación. La población ve con recelo un proceso en el que se percibe al organismo electoral como sesgado, y donde el partido gobernante parece más interesado en mantener el poder que en respetar la voluntad ciudadana. Hay inquietud de que Honduras pueda enfrentar una crisis posterior a las elecciones, con impactos para la gobernabilidad, la economía y la tranquilidad social.
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