La ONU ha lanzado un llamado urgente al Ejecutivo de Honduras para que termine con el estado de excepción activo antes de las elecciones generales fijadas para el 30 de noviembre de 2025. De acuerdo con el organismo internacional, extender esta medida excepcional supone un peligro directo para el ejercicio de derechos básicos, al restringir libertades cruciales como la libertad de movimiento, reunión y protesta pacífica. La ONU advierte que sostener un estado de excepción sin la supervisión debida puede impactar negativamente en la legitimidad del proceso electoral y el entorno democrático en la nación.
En su declaración, la organización enfatiza que las elecciones deben llevarse a cabo sin intimidación ni restricciones injustas. Prolongar el estado de excepción podría crear un ambiente de miedo que no favorece unas elecciones justas y abiertas, además de incrementar las posibilidades de abuso de poder y restringir la movilización de grupos políticos y sociales. Por consiguiente, se hace un llamado al completo restablecimiento de las garantías constitucionales para garantizar un escenario justo de participación.
Peligros vinculados al estado de emergencia en el ámbito electoral
Varias oficinas de derechos humanos asociadas a las Naciones Unidas han indicado que el mantenimiento del estado de emergencia en Honduras aumenta el peligro de prácticas autoritarias y repercute directamente en la participación política de grupos opositores y organizaciones de la sociedad civil. La restricción de derechos como la manifestación y la reunión pone en riesgo el avance democrático, sobre todo en un ambiente electoral.
La representante de derechos políticos y civiles ha subrayado que no es posible que la democracia y la represión coexistan. La prolongación del estado de excepción podría debilitar la legitimidad del proceso y erosionar la confianza de los ciudadanos en las entidades responsables de asegurar comicios libres.
Exhorto a asegurar unas elecciones limpias y abiertas
Ante esta situación, las Naciones Unidas han instado a los responsables en Honduras a reintegrar completamente los derechos constitucionales que fueron suspendidos y asegurar la libertad de expresión, protesta y movilización ciudadana durante las elecciones. También han destacado la necesidad de reforzar la función del Consejo Nacional Electoral (CNE) como organismo autónomo y facilitar la supervisión nacional e internacional sin limitaciones para garantizar la transparencia y legitimidad del proceso.
La entidad internacional determina que no se puede progresar hacia comicios legítimos bajo un régimen de excepción. Para salvaguardar la integridad democrática del país, es esencial que se elimine esta disposición extraordinaria y se fomente una participación ciudadana activa, en condiciones de igualdad y con total respeto a los derechos fundamentales.