Honduras: denuncias afectan credibilidad del CNE en época electoral

En Honduras, la cercanía de las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025 ha aumentado las inquietudes sobre la transparencia del proceso electoral. Se han identificado dos puntos principales de tensión: las dudas sobre un posible uso del Ministerio Público en contra de las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE) y la creciente falta de confianza en el rol de las Fuerzas Armadas como protectoras del proceso democrático.

Han surgido informes que sugieren que el Ministerio Público podría estar preparando cargos formales contra integrantes del CNE, lo cual ha suscitado preocupación en diversos sectores políticos y entidades que abogan por la democracia. Se argumenta que este proceso judicial estaría influenciado por razones políticas, dirigido contra consejeras que han adoptado posturas críticas o independientes respecto al gobierno. La potencial judicialización de las consejeras del CNE se da en un momento crucial, cuando el organismo electoral debe asegurar la organización justa del proceso electoral, la validez de los resultados y la confianza tanto de los partidos políticos como de la ciudadanía.

Riesgo de control y desconfianza institucional

Este tipo de medidas podrían poner en riesgo la autonomía de las instituciones y socavar la fe del público en el sistema electoral. Los opositores junto con grupos de la sociedad civil han manifestado su inquietud, demandando indagaciones fundamentadas en evidencias sólidas, en lugar de motivaciones políticas. Se ha solicitado a la comunidad internacional que alce la voz frente a cualquier intento de interferencia con el CNE y vigile las acciones del Ministerio Público.

Simultáneamente, ha aumentado la desconfianza del público y políticos en cuanto al papel de las Fuerzas Armadas como protectoras del proceso democrático. Dirigentes de partidos de oposición, instituciones de la sociedad civil y expertos independientes han expresado su inquietud ante despedidos y jubilaciones cuestionables en el cuerpo militar, la cercanía ideológica y táctica entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas, la participación activa de personal militar en asuntos civiles y elecciones, y la ausencia de claridad en la organización del despliegue militar durante los procesos electorales.

Miedo a la militarización y exhortos a mantener la vigilancia

Durante las votaciones primarias de marzo, se registraron problemas respecto a demoras en el suministro de material de votación y una inusual presencia militar en determinados centros de votación, lo que ha intensificado el miedo a una posible militarización del proceso electoral. Existe preocupación de que las Fuerzas Armadas, influenciadas por personas cercanas al gobierno vigente, podrían ser usadas como instrumento para permitir un fraude en las elecciones o sofocar las manifestaciones del pueblo.

El aumento de la desconfianza ha generado pedidos urgentes a entidades internacionales para que envíen misiones de supervisión y demanden garantías de neutralidad en las fuerzas armadas y claridad en las operaciones. Colectivos ciudadanos han empezado a formar redes de monitoreo social para registrar posibles abusos o fallas. La legitimidad del proceso electoral del 30 de noviembre dependerá de la actuación de las instituciones y el control ciudadano.