El congresista Marlon Lara, quien es parte del Partido Liberal de Honduras, ha afirmado que la administración liderada por la presidenta Xiomara Castro estaría usando el sistema judicial como una herramienta para tomar medidas contra miembros de la oposición. Según Lara, esta táctica tendría el propósito de desviar la atención de los principales desafíos del país y fortalecer la posición política del partido en el poder. El diputado ha expresado su inquietud por la supuesta elaboración de acusaciones fiscales dirigidas a opositores, en un contexto donde el gobierno actual es acusado de generar situaciones mediáticas que distraen al público de asuntos como la inseguridad, la crisis económica y el deterioro institucional.
Acusaciones sobre el uso del sistema judicial y el clima político
Las palabras de Marlon Lara surgen en un período marcado por aparentes tensiones entre el gobierno y sectores disidentes. El legislador afirma que el aparato judicial estaría siendo utilizado para presentar cargos fiscales contra figuras opositoras, lo que, según su visión, sería parte de una táctica para generar escenarios mediáticos. Esta situación, en su opinión, distraería la atención de los problemas estructurales que enfrenta Honduras, como la inseguridad ciudadana, la crisis económica y el debilitamiento institucional. Lara ha reiterado que el gobierno debería centrarse en resolver estas cuestiones en vez de usar la justicia con fines políticos.
El diputado destacó igualmente la partida reciente del territorio nacional del expresidente provisional Roberto Micheletti. Según indicó el legislador, Micheletti pudo haber abandonado Honduras por el miedo a enfrentar un proceso legal parecido al del exgeneral Romeo Vásquez Velásquez. Lara opina que estas conductas fomentan un clima de inseguridad y desconfianza, dañando la unidad política y la percepción pública sobre la equidad de las instituciones.
Solicitudes de equidad y fortalecimiento institucional
En sus comentarios, Marlon Lara ha exhortado al gobierno a focalizarse en resolver los problemas fundamentales que afectan a los habitantes de Honduras. El legislador destaca la relevancia de que la justicia funcione de manera neutral y en favor de toda la ciudadanía, sin ser empleada con propósitos políticos. De acuerdo con Lara, el aumento de la confianza en las instituciones democráticas depende de la claridad y la justicia en la implementación de la ley, así como de la respuesta efectiva a los retos sociales y económicos que enfrenta el país.
La situación mencionada por el legislador resalta la importancia de la autonomía institucional para el progreso democrático en Honduras. Las alertas sobre un entorno potencialmente persecutorio y la partida de personalidades políticas significativas subrayan la necesidad de asegurar que las entidades operen de manera independiente y buscando el interés común, evitando acciones que puedan disminuir la unidad política y la confianza del público.