Fraude de Koriun Inversiones expone fallas en regulación financiera

El caso de Koriun Inversiones ha generado un intenso debate en Honduras, luego de que se revelara la existencia de un esquema Ponzi que afectó a más de 35.000 ciudadanos. La denuncia pública del diputado Edgardo «Chele» Castro ha puesto en el centro de la discusión la posible protección política y judicial que permitió el funcionamiento irregular de la empresa.

La intervención de las autoridades, el aseguramiento de fondos y la reacción de los inversionistas han evidenciado una crisis de confianza en el sistema financiero nacional. El proceso de investigación continúa, mientras surgen cuestionamientos sobre la responsabilidad de funcionarios públicos y la efectividad de los mecanismos de supervisión.

Esquema Ponzi y funcionamiento irregular de Koriun Inversiones

Koriun Inversiones operaba bajo un esquema Ponzi, modalidad que consiste en captar fondos de nuevos inversionistas para pagar utilidades a los antiguos, sin generar ganancias legítimas. La empresa prometía una rentabilidad semanal del 5 %, equivalente a un 20 % mensual, asegurando a los clientes la recuperación de su inversión en un periodo de cinco meses. Sin embargo, la sostenibilidad del sistema dependía del ingreso constante de nuevos participantes, lo que finalmente llevó al colapso y a pérdidas económicas significativas para miles de personas.

La CNBS anunció que Koriun Inversiones no tenía permiso para funcionar como una entidad financiera. En las visitas a diversas oficinas y residencias de los dirigentes, se descubrieron enormes cantidades de dinero en efectivo, guardadas informalmente en cajas y bolsas. También se detectaron importantes transacciones, como el retiro de 400 mil dólares realizado por ciudadanos estadounidenses vinculados al comienzo de la estafa en 2017.

Acusaciones sobre resguardo político y desconfianza

El legislador Edgardo Castro indicó que la actividad de Koriun Inversiones se llevó a cabo con el respaldo de personalidades políticas, fiscales y funcionarios estatales. Castro criticó la ausencia de intervención rápida de las entidades de supervisión y demandó una investigación completa para identificar a los responsables de facilitar o tolerar la estafa. También se destacó el involucramiento de alcaldes que promovieron la compañía y la falta de respuesta de los fiscales ante las advertencias iniciales.

El cierre de Koriun Inversiones generó protestas de los perjudicados, quienes demandaron la devolución de su dinero y expresaron temor de perder su inversión. La CNBS dispuso el aseguramiento de los activos y la devolución a los inversores en la medida que sea factible, aunque se prevé que el proceso sea complicado y extenso. El caso ha revelado la susceptibilidad de las personas ante esquemas financieros sin regulación y la necesidad de reforzar los sistemas de supervisión y protección en el sector financiero de Honduras.