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En Honduras, el caso Koriun Inversiones ha generado una profunda preocupación pública debido a la falta de respuestas claras y acciones contundentes por parte del Estado. A más de tres meses de revelarse la millonaria estafa financiera, miles de afectados continúan sin la devolución de sus fondos y sin ver a los responsables judicializados. La ausencia de avances visibles en las investigaciones, combinada con el silencio del Ministerio Público y la inacción gubernamental, ha provocado sospechas sobre un posible encubrimiento o protección política que impide que se haga justicia de manera efectiva.
Al mismo tiempo, especialistas en leyes y personas influyentes han manifestado su oposición a la propuesta de que el gobierno emplee fondos estatales para compensar a las víctimas de este engaño privado. Se señala que este acto podría ser contrario a la ley y la constitución, además de implicar riesgos fiscales y políticos importantes. En este sentido, la demanda social se enfoca en que el proceso permanezca en la esfera judicial, con transparencia y sin que se transforme en una medida populista que ponga en riesgo la legalidad y la gestión responsable de los recursos públicos.
El debate sobre cómo el gobierno ha manejado el fraude Koriun
La estructura de inversión engañosa de Koriun Inversiones funcionó durante años ofreciendo ganancias mensuales del 20 %, sin ningún tipo de control oficial ni supervisión. A pesar de la confiscación de más de 358 millones de lempiras por el Ministerio Público, las investigaciones no han progresado hacia el enjuiciamiento de los cabecillas del fraude ni se ha clarificado el destino de los bienes retenidos. Esta situación ha provocado un aumento de la indignación entre las familias perjudicadas, que han perdido ahorros, créditos e incluso propiedades, exigiendo justicia, claridad y la restitución de sus recursos.
El mutismo y la supuesta inacción del Gobierno junto al Ministerio Público han intensificado la percepción de que hay una estructura de protección política que evita el completo esclarecimiento del asunto. Diversas voces de ámbitos sociales y jurídicos han manifestado que la ausencia de detenidos y la opacidad en el manejo de los bienes incautados evidencian una negligencia estatal que podría propiciar la impunidad. La demanda ciudadana persiste con firmeza en solicitar que se actúe rápidamente y sin parcialidades políticas para asegurar que los responsables enfrenten las penas legales que correspondan.
Consecuencias legales y financieras de la posible retribución con recursos gubernamentales
Los juristas y economistas han alertado que emplear fondos estatales para indemnizar a las víctimas de Koriun podría considerarse malversación de fondos públicos, sobre todo si no hay un marco legal aprobado por el Congreso que lo respalde. Los funcionarios que autoricen estos pagos sin respaldo legal adecuado podrían enfrentar cargos penales por abuso de autoridad y violación de deberes oficiales. Asimismo, el asumir esta deuda podría desequilibrar las finanzas del Estado, impactando áreas clave como salud y educación, y podría enviar un mensaje que fomente la impunidad en futuros esquemas de fraude.
Grupos de la sociedad civil han pedido al Gobierno que explique abiertamente la fuente legal y financiera de cualquier posible indemnización, que se hagan públicos los verdaderos avances del caso y la lista de culpables con sus propiedades confiscadas. Se subraya la importancia de que el proceso se mantenga exclusivamente en el entorno judicial, evitando que se transforme en una acción con objetivos políticos o populistas. La demanda principal es que el Estado no cubra la responsabilidad económica de un fraude privado, para no convertirse en cómplice ni infractor de la ley.