El jueves, Estados Unidos impuso sanciones a una organización criminal de trata de personas con sede en Guatemala, la Organización López HSO, que ha estado involucrada en el contrabando de miles de personas desde Guatemala a Estados Unidos a través de México.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro identificó a los líderes de la organización como Rolando Galindo López Escobar, su hijo Whisky Hans López Ambrosi y la esposa de este último, Karen Stefany Hernández Vanegas.
Aunque el grupo operaba principalmente en Nuevo México, Arizona y California, también se expandió a partes de Texas y transportó inmigrantes a Virginia y otros estados alejados de la frontera entre Estados Unidos y México.
Brian E. Nelson, subsecretario para Terrorismo e Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro, señaló que la organización buscaba contrabandear a miles de migrantes en una operación ilegal que también afectaba la seguridad nacional y explotaba a personas para buscar una vida mejor para ellos y sus familias. de los Estados Unidos.
Al mismo tiempo, el Fiscal Federal para el Distrito de Nuevo México acusó a Ronaldo Galindo López Escobar, Whisky Hans López Ambrosio, Karen Stefany Hernández Vanegas y otras cinco personas por conspiración para transportar y desembarcar a extranjeros ilegales.
La OFAC detalló que la organización López obtuvo documentos mexicanos falsos y pagó a cárteles para facilitar el tránsito de migrantes por México como parte de sus operaciones de tráfico de personas. A medida que su negocio crecía, invirtieron en autobuses para aumentar el número de personas transportadas a Estados Unidos. Además del transporte, a lo largo de la frontera suroeste se operaron refugios para el alojamiento ilegal de inmigrantes.
Los líderes de la organización utilizaron bancos y empresas de servicios financieros estadounidenses para recibir pagos de los familiares de los contrabandistas y para pagar a otros miembros de la organización en México y Guatemala por servicios de contrabando.
Estas sanciones están diseñadas para perturbar y, en última instancia, desmantelar estas redes de trata de personas para proteger la seguridad nacional y detener la explotación de personas vulnerables para lograr una vida mejor.
