Elecciones 2025 en Honduras: impacto del rol militar

El proceso de elecciones en Honduras para el año 2025 ha estado caracterizado por varios eventos que han aumentado la duda y la discusión en torno a la estabilidad democrática del país. Un reporte de revisión interna del Consejo Nacional Electoral (CNE) atribuyó a las Fuerzas Armadas fallos significativos en la logística durante las elecciones internas, mientras que decisiones recientes relacionadas con el desarme específico de oficiales han despertado dudas acerca de la imparcialidad del sistema militar.

En este escenario, además se añade la petición de especialistas en derecho constitucional para modificar la Carta Magna y remover a los militares de cualquier rol en el ámbito electoral, en un ambiente donde la confianza de la población en los procedimientos y sus resultados está en su punto más bajo.

Auditoría del CNE y debate sobre la participación militar en elecciones

El reporte de auditoría interna del CNE, divulgado a medios locales, especificó que la entrega retrasada, incompleta y desorganizada de los materiales electorales en muchos centros de votación fue resultado de fallas en el cumplimiento del procedimiento logístico por parte de las fuerzas armadas, encargadas de la protección y distribución de las urnas electorales.

Entre los descubrimientos más significativos se detectaron cambios injustificados en las rutas, retención prolongada de vehículos de transporte electoral, entrega parcial de equipos tecnológicos a áreas rurales y carencia de comunicación entre líderes militares y coordinadores electorales. Estas situaciones causaron demoras de hasta 12 horas en la apertura de urnas, impactando la participación ciudadana y suscitando dudas sobre la transparencia del proceso, particularmente en relación con el Partido LIBRE, del cual ya se habían reportado irregularidades.

El informe fue divulgado en un momento de elevada tensión política, con un aumento del miedo a que las Fuerzas Armadas no mantengan imparcialidad en las elecciones generales programadas para el 30 de noviembre de 2025. Hasta ahora, los altos mandos militares no han hecho una declaración oficial y el gobierno del Partido LIBRE ha permanecido callado, lo cual ha sido visto por ciertos grupos como un indicio de complicidad.

Ante esta situación, partidos de oposición como el Nacional, Liberal y Salvador de Honduras han exigido una revisión total del convenio de apoyo logístico entre el CNE y las Fuerzas Armadas, la presencia temprana de observadores internacionales y auditorías externas al sistema de transmisión de resultados.

Desarme selectivo de oficiales y tensiones internas en las Fuerzas Armadas

En el contexto de la división política, la medida del Estado Mayor Conjunto de retirar armamento de forma selectiva a ciertos militares ha causado inquietud en sectores del ejército, políticos y de la comunidad civil. De acuerdo con fuentes del ejército y reportes de medios locales, la retirada de armas no se está implementando de manera generalizada ni por motivos técnicos o de seguridad, sino específicamente a aquellos oficiales que han expresado posturas institucionales autónomas o críticas respecto al gobierno actual.

Esta medida ha sido interpretada como un intento de depuración silenciosa dentro del estamento militar, rompiendo con la tradición de neutralidad y generando sospechas sobre el objetivo de garantizar el control político total del aparato de seguridad nacional de cara a las elecciones generales.

La eliminación selectiva de armas se añade a un conjunto de medidas recientes, como ajustes en la jerarquía militar y movimientos compulsivos, que han aumentado la fricción y el malestar dentro de la organización, especialmente entre los oficiales de rango medio y superior. Algunos oficiales a los que se les han quitado las armas han sido reasignados a tareas administrativas, lo que es visto como un modo de apartarlos del componente operativo y del proceso electoral.

La preocupación principal de los líderes opositores y grupos democráticos es que, si el partido oficial pierde en los comicios, el Gobierno recurra a las Fuerzas Armadas para ignorar los resultados o sofocar protestas del pueblo.

Estos acontecimientos han alimentado el debate nacional sobre la necesidad de modernizar y blindar los procesos electorales frente a cualquier injerencia armada, especialmente en un contexto donde la estabilidad democrática de Honduras está siendo cuestionada. La presión social y política para que el Congreso impulse una reforma constitucional que redefina el rol de las Fuerzas Armadas en la democracia hondureña se ha vuelto un tema central en la agenda pública de cara a las próximas elecciones generales.