El libro de Manuel Zelaya desata debate educativo en Honduras

La inclusión del libro “El Golpe 28-J”, autoría del exmandatario hondureño Manuel Zelaya Rosales, en el sistema educativo estatal ha suscitado un acalorado debate en Honduras sobre la posible influencia política en el ámbito educativo. Esta obra, que relata la visión de Zelaya acerca del golpe de Estado del 28 de junio de 2009, se ha incorporado en la Cátedra Morazánica, una materia de formación ciudadana, con el propósito oficial de conservar la memoria histórica y prevenir la repetición de eventos similares. No obstante, la impresión y distribución en gran escala de 100.000 ejemplares por parte de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG) ha despertado inquietud entre sectores sociales y educativos por una eventual politización del contenido escolar.

La controversia se incrementa al trazarse una comparación con la trayectoria de Venezuela, donde el Libro Azul de Hugo Chávez sirvió como herramienta ideológica en los centros educativos durante la instauración del proyecto bolivariano. En Honduras, ciertos críticos perciben en “El Golpe 28-J” un esfuerzo parecido de indoctrinación política, mientras que las autoridades aseguran que la publicación es parte de un programa de educación en historia, destinado a fomentar un aprendizaje crítico y apoyado en hechos comprobables.

Temas y debates acerca de El Golpe 28-J

El material titulado «El Golpe 28-J» se presenta como una obra histórica que explora el golpe de Estado ocurrido en 2009, el cual es visto a nivel internacional como una interrupción del orden constitucional, repudiado por entidades multilaterales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Asamblea General de las Naciones Unidas. El libro resalta la figura de Zelaya como víctima y mártir, mientras sus opositores son descritos como representantes de intereses ajenos. Esta interpretación ha sido criticada por grupos que opinan que el texto posee un marcado sesgo ideológico y que su incorporación en el plan de estudios podría comprometer la libertad de enseñanza y la imparcialidad educativa.

En un principio, se informó que el libro debía ser leído obligatoriamente en todos los niveles educativos básicos y medios. Sin embargo, la Secretaría de Educación posteriormente aclaró que no es un requisito imprescindible y que se respetará la autonomía docente. Esta aclaración tiene como objetivo responder a las críticas de los maestros y padres que demandan una educación libre de propaganda política, enfocada en valores democráticos y en el desarrollo del pensamiento crítico. No obstante, la orden oficial publicada en el diario La Gaceta y la impresión masiva del libro mantienen vigente el debate sobre el verdadero alcance de este mandato.

Impacto social y potenciales consecuencias políticas

Padres, profesores autónomos y miembros de colegios privados han expresado su desaprobación hacia la obligatoriedad de «El Golpe 28-J», sosteniendo que la enseñanza debe ser imparcial y que imponer un texto con perspectiva partidista podría violar la constitución. Se ha destacado que esta acción podría restringir la libertad de enseñanza y obligar a los educadores a impartir una visión parcial de los acontecimientos recientes.

Expertos en política proponen que la incorporación de este libro en el ámbito educativo podría ser un movimiento estratégico para establecer las bases culturales y sociales para transformaciones políticas significativas, como una posible Asamblea Nacional Constituyente, parecido a lo que sucedió en Venezuela en 1999 después del impulso del Libro Azul. Esta perspectiva se fundamenta en la concepción de que manejar la narrativa histórica y moldear la ideología de las nuevas generaciones son etapas iniciales esenciales para fortalecer proyectos políticos duraderos.

El gobierno, por otro lado, sostiene la incorporación de «El Golpe 28-J» como un acto de responsabilidad histórica y un compromiso con la veracidad, subrayando la importancia de que las nuevas generaciones se informen sobre los eventos del golpe y sus repercusiones. Desde este punto de vista, enseñar sobre el pasado no debe verse como represalia, sino como un método para prevenir que ocurran episodios similares nuevamente.

De esta manera, la adición de “El Golpe 28-J” al programa educativo en las escuelas hondureñas muestra una gran división social y política en cuanto a la función de la educación en la formación de ciudadanos y la preservación de la memoria histórica. La conflictividad entre la autonomía académica y la difusión de una versión oficial pone de manifiesto los retos que enfrenta Honduras en su camino hacia la reconciliación y consolidación democrática.