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En Honduras, la controversia relacionada con la campaña gubernamental titulada «las 10 familias» ha suscitado un acalorado debate sobre la interacción entre el gobierno y el sector empresarial. Diversos actores de la sociedad civil, asociaciones empresariales y líderes de opinión han manifestado su inquietud por lo que perciben como un discurso de confrontación fomentado por el gobierno de Xiomara Castro. Esta campaña, que señala a ciertos conglomerados empresariales como culpables de los problemas económicos del país, ha sido criticada por poner en peligro la seguridad de los empresarios, aumentar la polarización política y deteriorar la confianza en la inversión privada.
En esta situación, la legisladora Beatriz Valle ha expresado sus dudas sobre la eficacia de esta táctica del gobierno. Valle señala la narrativa repetitiva y conflictiva hacia las «10 familias«, afirmando que, si el ejecutivo realmente cree que hay beneficios fiscales que no son justos, tiene la capacidad de eliminarlos sin necesidad de usar campañas públicas de enfrentamiento. Sus comentarios han tenido un gran impacto en el ámbito político, donde aumentan las críticas por la falta de logros tangibles en términos de economía y gobierno.
Comentarios sobre la estrategia del gobierno y sus posibles impactos
La iniciativa de «las 10 familias» ha sido vista por ciertos grupos como un intento de desviar la mirada de la falta de eficiencia del gobierno en cuestiones económicas y de seguridad. Personas de negocios y activistas de derechos humanos alertan que este tipo de narrativa podría acarrear efectos negativos, parecidos a los que se han visto en otras naciones donde la incitación al odio de clases por parte del gobierno ha conllevado persecuciones políticas, confiscaciones y crisis económicas. Se indica que ya se perciben amenazas personales, campañas de difamación en redes sociales y acusaciones sin evidencia que criminalizan a los creadores de empleo.
Dirigentes del ámbito empresarial han expresado su inquietud por las repercusiones que este entorno adverso podría causar en la economía del país. Se informa sobre una paralización de nuevas inversiones, la anulación de planes de ampliación y la fuga de capitales de Honduras hacia otras naciones. Existe el miedo de que, si el gobierno sigue responsabilizando a las empresas privadas de sus propios fallos, se termine destruyendo lo poco que aún funciona en el ámbito económico. Ante esta realidad, se insta al gobierno a detener estas campañas de división y a promover un diálogo nacional positivo y productivo.
El llamado a la acción y la exigencia de resultados concretos
La legisladora Beatriz Valle ha manifestado una fuerte oposición debido a la ausencia de medidas tangibles por parte del ejecutivo, a pesar de disponer del dominio sobre los tres poderes del Estado. La miembro del Parlamento indaga acerca de la razón por la cual no se implementan acciones jurídicas contra los individuos señalados por corrupción o abuso, en lugar de reiterar un mensaje desgastado. Su demanda es cesar la propagación de enemistad entre los ciudadanos de Honduras y concentrarse en solucionar las dificultades auténticas que aquejan a la nación.
Las afirmaciones de Valle han sido vistas como un momento decisivo en la discusión política, donde incluso partes del oficialismo empiezan a mostrar su insatisfacción por la carencia de logros concretos en sectores esenciales como la economía, el sistema judicial y la administración. La demanda es evidente: se requieren respuestas y no rivales ficticios. La población hondureña solicita un cambio de dirección que ponga en primer lugar la conversación, la inversión y la estabilidad, en vez de la confrontación y la separación.