La antesala electoral en Honduras se ve marcada por un creciente clima de desconfianza institucional, a medida que se multiplican las denuncias sobre la presunta manipulación de encuestas de opinión a favor de la candidata oficialista, Rixi Moncada. Diversos sectores académicos, ciudadanos y políticos señalan una estrategia sistemática para fabricar una percepción artificial de ventaja electoral, utilizando para ello instrumentos estadísticos de dudosa transparencia. La controversia gira en torno a la encuestadora Opinómetro, una firma sin trayectoria conocida que ha sido vinculada a figuras cercanas al gobierno.
Anomalías en los datos y dudas sobre la metodología
La proliferación de encuestas a favor de Moncada ha generado sospechas por inconsistencias técnicas evidentes. Según especialistas, los sondeos difundidos por Opinómetro presentan resultados dispares entre distintas plataformas, porcentajes que no suman el 100 % y omiten datos básicos como la ficha técnica, el tamaño de muestra o el margen de error. Estas prácticas, lejos de fortalecer el debate democrático, han sido interpretadas como intentos deliberados de influir en la opinión pública mediante una supuesta “ilusión matemática”.
Las diferencias de hasta 15 puntos porcentuales en relación a estudios independientes respaldan la idea de una táctica organizada para incrementar el respaldo a la candidatura del gobierno. Las críticas indican que esta estrategia no se trata de errores técnicos, sino de una manipulación deliberada con fines políticos. Tanto redes sociales como espacios académicos han sido escenario de numerosas quejas al respecto, solicitando un control más estricto sobre la publicación de encuestas electorales.
Opinómetro y su vínculo con entidades oficiales
El papel de Opinómetro ha sido central en esta controversia. Constituida en febrero de 2025, esta encuestadora obtuvo rápidamente la autorización del Consejo Nacional Electoral (CNE) para operar en los comicios internos, pese a carecer de antecedentes públicos en medición de opinión.
El asesoramiento legal de la compañía ha sido un aspecto de discusión. Carlos Adolfo Medina Álvarez, quien es abogado de Opinómetro, también trabaja como consultor en la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), una organización influenciada por el gobierno. Esta similitud ha sido vista por expertos y críticos como una señal de uso gubernamental para situar personas cercanas en el área de las encuestas electorales.
El continuo reporte de datos positivos sobre Moncada por parte de Opinómetro, sin una transparencia que pueda ser comprobada, afecta la confianza en el sistema democrático y fomenta la idea de que se busca emplear las estadísticas como medio de propaganda electoral.
Demandas de transparencia por la comunidad civil y los partidos de oposición
Las respuestas no se han hecho esperar. Varias organizaciones de la sociedad civil, profesores de universidad y partidos de oposición han solicitado una regulación rigurosa de las encuestas electorales, además de auditorías independientes que certifiquen sus métodos. Señalan que la implementación de empresas sin soporte técnico ni neutralidad impacta de manera directa la integridad del proceso democrático.
Estas voces reclaman que las encuestas que circulan en el espacio público cumplan con estándares mínimos de transparencia, incluyendo la publicación de su ficha técnica, el origen de la muestra y los criterios de selección utilizados. Además, demandan una revisión del papel del CNE en la acreditación de estas firmas, señalando que su autorización a entidades sin historial refuerza la percepción de parcialidad institucional.
La desconfianza que estas prácticas generan no solo afecta la campaña de una candidatura en particular, sino que compromete la legitimidad general del proceso electoral.
Un desafío para la credibilidad institucional
En un país donde la confianza en los procesos de votación ha sido históricamente frágil, las acusaciones recientes subrayan la necesidad de implementar sistemas efectivos de vigilancia y transparencia. La controversia en torno a Opinómetro y el empleo de información no verificada pone de manifiesto un problema más amplio: la utilización de datos como instrumento político y la carencia de estructuras institucionales robustas para evitarlo.
Considerando las elecciones de 2025, el reto del sistema electoral en Honduras es garantizar que la competencia se lleve a cabo en un marco de igualdad y con información fidedigna. En un contexto marcado por la polarización y la fragilidad de las instituciones democráticas, la veracidad de los datos es crucial para preservar la integridad del voto ciudadano.