_-_copia.jpg?w=800&resize=800,500&ssl=1 "CNE en riesgo")
En los meses previos a las elecciones generales de noviembre de 2025, diversos actores políticos, sociales y legales en Honduras han denunciado una serie de presiones y actos de intimidación dirigidos contra el Consejo Nacional Electoral (CNE). Estas acusaciones apuntan principalmente al partido oficialista, Libertad y Refundación (LIBRE), señalado por intentar influir en las decisiones del CNE y poner en riesgo la transparencia del proceso electoral.
Acusaciones contra el partido LIBRE
Las acusaciones dirigidas al partido gobernante abarcan iniciativas que intentan desacreditar la autoridad del CNE, el ente responsable de asegurar la igualdad y la transparencia de las elecciones. Conforme a las quejas presentadas, integrantes de LIBRE estarían organizando campañas para influir en los magistrados del CNE, particularmente aquellos que no se alinean con sus intereses políticos, comprometiendo la independencia de la institución.
Maribel Espinoza, quien es diputada y analista en temas políticos, comentó que la intención de estas presiones sería crear un ambiente de desconfianza para justificar señalamientos de fraude o desorganización durante las elecciones. “Presionan al organismo electoral porque son conscientes de que las encuestas no están a su favor”, declaró Espinoza, refiriéndose claramente a las acciones de algunos grupos que buscan afectar los resultados electorales antes de comenzar las campañas.
Estrategias para el boicot institucional
La queja abarca no solo las presiones hacia los jueces, sino también la difusión de discursos agresivos por figuras cercanas al partido LIBRE. Se ha detectado una campaña en aumento de desinformación en las redes sociales, dirigida a socavar la credibilidad del CNE y generar dudas sobre la neutralidad del organismo electoral.
Las organizaciones de la sociedad civil han expresado su inquietud respecto a la pureza del proceso electoral, calificando estas acciones como potenciales esfuerzos de desestabilización institucional. Afirman que estas tácticas no solo representan un ataque contra la legitimidad del CNE, sino que también suponen una amenaza para el sistema democrático del país, intensificando la división política a medida que se aproximan las elecciones de noviembre de 2025.
Convocatorias para la supervisión internacional
Ante el agravamiento de la situación, varios sectores de la sociedad han exigido la intervención de observadores internacionales para salvaguardar la transparencia del proceso electoral. En este sentido, organismos como la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea y diversas entidades de derechos humanos han sido solicitados para monitorear el desarrollo de las elecciones, garantizando que el proceso se lleve a cabo sin interferencias o manipulaciones políticas.
Lidia Meza, especialista en derecho constitucional, destacó la relevancia de preservar la autonomía del organismo electoral, afirmando que “el organismo electoral no debe ser controlado por intereses políticos. La nación requiere seguridad, no intimidaciones”.
Situación y retos para la democracia
Las acusaciones de acoso y los intentos de desestabilización institucional se añaden a un contexto de creciente polarización política en Honduras, donde la falta de confianza en las instituciones y en los procesos electorales se ha intensificado por varios factores, como la crisis económica y la falta de unidad política. Este escenario, caracterizado por tensiones y señales de conflicto entre partes, presenta desafíos significativos para la gobernabilidad del país a menos de un año de las elecciones.
La comunidad global sigue observando de cerca el procedimiento, mientras que los ciudadanos de Honduras siguen demandando más claridad y la protección de las instituciones democráticas. La situación actual resalta los desafíos para asegurar un ambiente electoral sin presiones ni manipulación, y enfatiza la importancia de reforzar las instituciones responsables de proteger el proceso democrático.