Debate sobre derechos humanos y estado de excepción en Honduras 2025

La medida de emergencia en Honduras, instaurada desde diciembre de 2022, sigue generando polémica por su extensión y las inquietudes sobre posibles excesos de autoridad y transgresiones a los derechos humanos. Esta acción fue proclamada por el gobierno de la presidenta Xiomara Castro con el propósito declarado de enfrentar el crimen, especialmente el cobro indebido y las actividades de bandas como la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18. La implementación del estado de emergencia ha conllevado la suspensión de ciertas garantías constitucionales, permitiendo arrestos sin orden judicial y restricciones a la libre circulación en varias áreas del país.

Desde su instauración, el estado de excepción ha sido prorrogado en múltiples ocasiones. En enero de 2025, la medida se extendió por 45 días más, abarcando 226 de los 298 municipios del territorio nacional. Aunque las autoridades argumentan que esta herramienta es esencial para enfrentar la criminalidad, diversos sectores han expresado su preocupación por posibles abusos y la falta de resultados concretos.

Debate sobre la efectividad y los derechos humanos en el estado de excepción

Entidades como la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) han destacado que el estado de excepción amenaza los derechos humanos, exhortando al gobierno hondureño a asegurar el respeto al Estado de Derecho y evitar limitaciones injustificadas a las libertades básicas. El gobierno ha informado una reducción en la tasa de homicidios y la desarticulación de grupos criminales durante la aplicación del estado de excepción. No obstante, reportes señalan que las extorsiones y la violencia siguen afectando a la ciudadanía. Asimismo, se han registrado denuncias de abusos por parte de las fuerzas del orden, incluyendo detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza.

La extensión de esta decisión ha suscitado una discusión respecto a su efectividad y las consecuencias para los derechos humanos. Aunque el Gobierno afirma que el estado de excepción es esencial para enfrentar el crimen, entidades tanto nacionales como internacionales piden evaluar su implementación y asegurar que las medidas de seguridad no pongan en riesgo las libertades básicas de los individuos.

Por lo tanto, la implementación del estado de excepción en Honduras simboliza una acción polémica que intenta combatir la violencia delictiva, pero que ha suscitado una discusión acerca de su eficiencia, legalidad y respeto por los derechos humanos. La extensión de esta condición excepcional presenta retos para asegurar las libertades esenciales y el fortalecimiento de un sistema democrático que resguarde tanto la seguridad como los derechos de los ciudadanos.