_-_copia.jpg?w=800&resize=800,500&ssl=1 "Validación biométrica en Honduras")
La imposición obligatoria del reconocimiento biométrico para usuarios de servicios móviles en Honduras ha suscitado un debate considerable en varios sectores, abarcando el ámbito político, jurídico y social. Esta iniciativa, impulsada por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), dicta que los ciudadanos deben autenticar sus datos biométricos antes del 1 de junio de 2025 para conservar sus líneas telefónicas activas. De no cumplir con esta disposición, existe el riesgo de perder los números actuales, lo que ha generado preocupación entre la población y diversos sectores.
El proceso de validación biométrica consiste en que los usuarios deben proporcionar una fotografía de su rostro junto con su Documento Nacional de Identificación (DNI), con el fin de verificar su identidad. Desde CONATEL se argumenta que esta iniciativa busca combatir delitos como la extorsión y el uso de líneas telefónicas anónimas, que dificultan la labor de las autoridades. Sin embargo, la medida ha generado cuestionamientos sobre su legalidad, transparencia y posibles implicaciones en la privacidad de los ciudadanos.
Disputas legales y políticas respecto a la autenticación biométrica
Distintas figuras políticas y sectores sociales han manifestado su inquietud acerca de la legalidad y el tratamiento de los datos biométricos recopilados. El legislador Carlos Umaña, del Partido Salvador de Honduras (PSH), ha indicado que la acción carece de un soporte legal suficiente, llamándola «totalmente ilegal» y aconsejando a los ciudadanos que no acaten la normativa hasta que se disponga de un marco normativo claro para regular la recolección y el uso de datos biométricos por parte de CONATEL. Esta opinión evidencia un desacuerdo sobre la legitimidad de la medida y la salvaguarda de derechos fundamentales.
En contraste, Roberto Montenegro, líder del Partido Alianza Patriótica, ha expresado preocupaciones respecto al uso político de la información biométrica, especialmente en un año de elecciones. Montenegro afirma que solo el Registro Nacional de las Personas (RNP) posee la facultad legal para el manejo de datos biométricos, lo cual cuestiona la capacidad de CONATEL para implementar esta propuesta. Estas objeciones ponen de manifiesto la inquietud por la posible manipulación política de datos delicados y la necesidad de asegurar la seguridad y privacidad de los ciudadanos.
El presidente de CONATEL, Lorenzo Sauceda, ha respaldado la acción, afirmando su legalidad, transparencia y carácter humano. También ha desmentido que la verificación biométrica esté relacionada con fines políticos y ha aclarado que el manejo es realizado por las compañías telefónicas, no por el Estado de manera directa. Además, ha señalado que no se está formando una nueva base de datos estatal y que los datos recopilados no se utilizarán para propósitos diferentes a los determinados, intentando así aclarar las inquietudes sobre la gestión de los datos.
Visiones y próximos pasos en el diálogo sobre la autenticación biométrica
CONATEL ha sido citada para presentarse ante la Comisión de Seguridad y Prevención Ciudadana del Congreso Nacional el 28 de mayo de 2025 con el propósito de exponer las bases técnicas y legales de la validación biométrica. Esta reunión será crucial para tratar las inquietudes sobre privacidad, legalidad y transparencia del procedimiento, y podría afectar la permanencia o alteración de la medida.
La discusión pública ha generado un extenso intercambio en plataformas sociales y comunidades de ciudadanos, donde numerosos participantes han mostrado su inconformidad y preocupación por la potencial invasión a su privacidad y la falta de transparencia en la ejecución. Algunos incluso han indicado su intención de no acatar la validación, dudando de la habilidad de las autoridades para desactivar millones de líneas telefónicas sin causar serios perjuicios en las comunicaciones del país.