Crisis electoral en Honduras: retrasos, militares y reformas

La confianza en las Fuerzas Armadas de Honduras como responsables del proceso electoral ha sido un tema de intenso escrutinio público después de las elecciones primarias del 9 de marzo de 2025. Diferentes grupos sociales y partidos opositores han expresado su inquietud por varias anomalías logísticas, especialmente en la distribución del equipo electoral en ciudades importantes como Tegucigalpa y San Pedro Sula, donde se registraron retrasos de hasta doce horas en la entrega de los paquetes electorales. Esta situación provocó largas colas de votantes, manifestaciones ciudadanas y un clima general de insatisfacción, demostrado tanto en los lugares de votación como en las redes sociales, donde se compartieron imágenes y testimonios sobre la falta de materiales y la poca presencia de personal en las mesas receptoras.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) admitió públicamente los problemas en la distribución, señalando que fueron causados por alteraciones de última hora en los medios de transporte, al cambiar de camiones a autobuses, lo cual impactó la organización y el cumplimiento del calendario. A pesar de los intentos del CNE por manejar la situación y encontrar urnas perdidas, el malestar persistió, particularmente en la capital, donde al ampliar el horario de votación no se logró cumplir con las expectativas de los ciudadanos que esperaban ejercer su derecho al voto.

Dudas sobre la función de las fuerzas militares en las elecciones

En este contexto, las Fuerzas Armadas reafirmaron su compromiso con el sistema democrático y la claridad de las elecciones, garantizando que seguirían el calendario establecido por el CNE. El Gobierno, por su lado, ofreció un apoyo completo a la institución militar, destacando su importancia en la seguridad y logística electoral. No obstante, la presidenta del CNE, Cossette López, mencionó que las Fuerzas Armadas no asumieron su responsabilidad en los retrasos y denunció incidentes de agresiones verbales por parte del jefe del Estado Mayor Conjunto, general Roosevelt Hernández. Esta tensión institucional entre el CNE y las Fuerzas Armadas aumentó la preocupación sobre la neutralidad y efectividad del proceso electoral planeado para noviembre de 2025.

La normativa legal en Honduras, específicamente el artículo 272 de la Constitución, asigna a las Fuerzas Armadas la tarea de asegurar la alternancia en el poder y la responsabilidad de la custodia, transporte y supervisión de los materiales electorales, en coordinación con el CNE. No obstante, hay restricciones claras para los integrantes de las Fuerzas Armadas, como no intervenir en las funciones de las Juntas Receptoras de Votos, no influir en el voto, no participar en actividades partidarias, y no retrasar sin motivo el traslado del material electoral. A pesar de estas limitaciones, la estructura institucional actual mantiene a los militares como garantes de la democracia, lo cual es inusual a nivel global y, según algunos estudios, evidencia la debilidad y la baja calidad democrática del país.

Propuestas de reforma y debate sobre la participación militar

Ante los recientes acontecimientos, se han intensificado las propuestas de reforma constitucional para limitar o eliminar el papel de las Fuerzas Armadas en los procesos electorales. El abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos ha planteado la necesidad de transferir las atribuciones electorales a autoridades civiles, argumentando que los procesos electorales deben ser manejados exclusivamente por estas entidades. De igual manera, el diputado Ramón Barrios del Partido Libertad y Refundación (Libre) presentó una moción para reformar el artículo 272 de la Constitución, buscando restringir el rol militar en temas electorales y fortalecer la institucionalidad civil. Sin embargo, esta iniciativa ha generado reacciones encontradas, incluso dentro de su propio partido y entre sectores de la oposición, quienes interpretan la propuesta como un intento de concentración de poder por parte del oficialismo.

El debate sobre la participación militar en los procesos electorales ha sido alimentado por la percepción de que la autonomía del CNE podría estar en riesgo y por el historial de intervenciones militares en la vida política hondureña. Organizaciones como el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD) han sugerido que la reforma del artículo 272 debe ir acompañada de una redefinición más amplia de las funciones de las Fuerzas Armadas, delimitando sus competencias y fortaleciendo el control civil sobre la institución militar. Entre las propuestas se incluye también el fortalecimiento de la Secretaría de Defensa y la revisión de la Comisión Legislativa de Defensa Nacional, con el objetivo de avanzar hacia un control democrático efectivo y reducir la influencia militar en la política.

El debate en torno a la función de las Fuerzas Armadas en las elecciones hondureñas sigue ocupando un lugar importante en la agenda política, con exigencias de reformas que garanticen un proceso electoral independiente y transparente. La fe en la integridad del sistema electoral se ve como un pilar esencial para la estabilidad democrática de la nación, y la conversación actual subraya la urgencia de robustecer las instituciones civiles y asegurar comicios libres y claros.