En menos de cinco meses para las elecciones generales en Honduras, el rol de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) en el proceso electoral continúa siendo un tema de discusión. Su función constitucional de asegurar la protección, resguardo y transporte del material electoral, además de la seguridad de los centros de votación, se enfrenta a un aumento de críticas, impulsadas por fallos recientes y un ambiente de desconfianza hacia las instituciones.
Declaraciones institucionales y compromisos oficiales
Los altos oficiales del Ejército han confirmado públicamente su compromiso con los principios constitucionales de imparcialidad y respaldo a la democracia. El general Roosevelt Hernández, en representación de la alta jerarquía militar, subrayó la promesa de las FF. AA. de asegurar un proceso electoral “justo, claro y protegido”, destacando el papel no político y sin deliberación de la institución militar.
Desde la Secretaría de Defensa también se ha insistido en que el Ejército actuará bajo las órdenes del Consejo Nacional Electoral (CNE), tal como establece la Constitución. En ese sentido, durante el periodo electoral, las FF. AA. deben separarse operativamente del Poder Ejecutivo para concentrarse exclusivamente en su misión de resguardo del proceso.
Reproches por problemas logísticos y eventos pasados
Pese a las declaraciones oficiales, distintos sectores han puesto en duda la capacidad de las Fuerzas Armadas para garantizar un proceso electoral sin contratiempos. En las elecciones primarias celebradas en marzo de 2025, se reportaron retrasos de hasta cinco horas en la entrega del material electoral en ciudades clave como San Pedro Sula y Tegucigalpa. Las fallas logísticas fueron atribuidas tanto al mando militar como a la titular de Defensa, Rixi Moncada, lo que desató una ola de críticas desde la oposición y organizaciones de la sociedad civil.
Estos sucesos reabrieron la discusión sobre la capacidad operativa del Ejército en labores relacionadas con elecciones y renovaron las críticas sobre su autonomía. Algunos expertos señalan que, si no se solucionan los errores mostrados en las primarias, el evento del 30 de noviembre puede enfrentarse a dificultades parecidas, afectando la confianza de la población en las entidades responsables del proceso democrático.
Tensiones institucionales y riesgo de politización
La controversia ha tocado igualmente al discurso oficial. Especialistas indican que grupos pro-gubernamentales han procurado restar importancia a la responsabilidad de las FF. AA. en los fallos logísticos de marzo, fomentando un relato dirigido a mantener la reputación de la entidad militar. Esta actitud ha coincidido con una creciente falta de confianza en el CNE, cuyas habilidades técnicas y directrices han sido cuestionadas por su gestión del cronograma electoral y su vínculo con el Ejecutivo.
En este contexto, el rol de las FF. AA. se vuelve aún más delicado. Si bien su mandato constitucional les impide deliberar o intervenir en asuntos políticos, la percepción pública sobre su imparcialidad se ve afectada por la politización del debate electoral. La presión aumenta a medida que se aproxima la fecha de los comicios, en medio de un clima de polarización y cuestionamientos a la institucionalidad democrática.
Un desafío para la legitimidad electoral
La participación de las Fuerzas Armadas en los comicios de noviembre representa un punto crítico para la legitimidad del proceso electoral hondureño. Aunque la Constitución les asigna un rol operativo claro y delimitado, los antecedentes de fallas logísticas y la crisis de confianza en el sistema electoral colocan a la institución militar en una posición compleja.
En un país con altos niveles de polarización política y frágil institucionalidad democrática, el desempeño de las FF. AA. durante los comicios podría influir decisivamente en la percepción de legitimidad del resultado electoral. La transparencia operativa y el respeto estricto al mandato constitucional serán claves para evitar mayores tensiones y preservar la estabilidad democrática en un año electoral decisivo.