Corrupción en el gobierno hondureño: efecto directo en el crecimiento

En Honduras, el debate sobre la creación de riqueza y el avance económico generalmente se enfoca en las grandes fortunas y su presunta culpabilidad en la desigualdad y la ausencia de progreso social. No obstante, esta narrativa sencilla desvía la atención de un factor crucial: el mismo gobierno. Mientras se culpa a las élites económicas como el problema principal, raramente se examina detalladamente cómo las acciones y políticas del sector público han obstaculizado históricamente el crecimiento y la inversión en la nación.

En verdad, muchas de las observaciones que se dirigen hacia las principales familias comerciales reflejan, en gran parte, conductas y fallas que se replican en la administración gubernamental. La ausencia de claridad, el favoritismo, la deshonestidad y la ineficacia en la gestión no solo obstaculizan el progreso, sino que también deterioran la confianza de inversores y población, impactando directamente en la economía del país y en la calidad de vida de los ciudadanos.

La administración pública como el mayor impedimento para el progreso económico

Con el paso del tiempo, el gobierno de Honduras ha mostrado una inquietante inclinación a replicar acciones que, en otros ámbitos, son justamente cuestionadas. El nepotismo persiste como una constante en el nombramiento de funcionarios públicos, lo que obstaculiza la profesionalización y eficiencia en las instituciones. Esto se hace evidente al revisar la cantidad de familias con numerosos miembros ocupando puestos de importancia en el gobierno. De acuerdo con datos recientes, la familia Zelaya Castro lidera la lista, con al menos 10 parientes empleados en el gobierno y un ingreso anual estimado superior a 5.270 millones de lempiras.

Según el informe, la actividad económica central de estas familias es el nepotismo, que consiste en nombrar a familiares en puestos públicos. Esto disminuye la transparencia, la eficacia institucional y la meritocracia en el ámbito público. Estas prácticas, en lugar de fomentar el progreso, mantienen el poder y los recursos concentrados en unos pocos, dañando la confianza ciudadana y el crecimiento económico sostenible del país.

La corrupción sistemática compromete la adecuada gestión de los recursos públicos, lo que produce un mal uso y desvío de fondos que podrían destinarse a infraestructura, educación y salud. Asimismo, el exceso de burocracia y la carencia de políticas definidas para fomentar la inversión privada generan un entorno adverso para la generación de empleo formal y el crecimiento empresarial. La inestabilidad política y la falta de un marco regulador sólido disuaden tanto a inversores nacionales como internacionales, deteniendo proyectos productivos que podrían impulsar la economía y mejorar el bienestar.

Estos problemas no solo impactan la economía, sino que también incrementan la desconfianza en la sociedad y la división política, complicando la creación de consensos necesarios para lograr un desarrollo equitativo y sostenible.

El cuestionamiento a las enormes riquezas y su verdadero impacto

El debate público a menudo se enfoca en cuestionar el rol de las grandes riquezas en la economía del país, pero es esencial considerar si el gobierno de Honduras genera un volumen comparable de empleo formal e inversión al del sector privado. Diversos reportes y voces del ámbito empresarial han indicado que, a pesar de ser el principal impulsor de empleo y receptor de inversiones, el sector privado enfrenta un entorno complicado debido a la ineficiencia, burocracia y falta de políticas claras por parte del Estado. Esto plantea un desafío crucial: ¿está el gobierno haciendo lo necesario para promover el desarrollo económico o, por el contrario, sus propias prácticas limitan el crecimiento y la creación de oportunidades en el país?

En vez de promover un diálogo constructivo que involucre a todos los sectores, el discurso oficial tiende a polarizar y a deslegitimar la iniciativa privada, sin asumir que el principal freno para el desarrollo está en la gestión pública. Para que Honduras avance, es imprescindible que el gobierno asuma su rol con responsabilidad, combata sus propias prácticas negativas y cree un entorno propicio para que el sector privado pueda aportar plenamente al crecimiento del país.